El Código Aduanero de la República Argentina (Ley 22.415) regula las operaciones aduaneras y establece un marco legal detallado sobre el ingreso y egreso de mercancías del territorio nacional. Cualquier infracción a esta normativa puede derivar en sanciones severas, que incluyen no solo multas económicas y decomiso de las mercaderías, sino también condenas privativas de la libertad para los responsables productos de los procesos penales que se sustancias ante los Juzgados Federales competentes.
Además, las empresas dedicadas a la importación y exportación pueden enfrentar sanciones administrativas que las inhabilitan para ejercer su actividad por varios años, afectando gravemente su capacidad operativa y comercial.
Nuestro servicio de defensas jurídicas penales se especializa en asistir a empresas y particulares que enfrentan cargos penales bajo esta normativa, protegiendo sus derechos y asegurando que se respeten los procedimientos legales. Nuestro equipo brinda asesoramiento integral, desde la evaluación inicial hasta la representación ante tribunales y autoridades aduaneras.
Ámbito Legal de las Infracciones Aduaneras
Las infracciones aduaneras en Argentina están reguladas por el Código Aduanero (Ley 22.415), que contempla sanciones económicas, penales y administrativas para quienes infrinjan la normativa. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción, pero pueden incluir:
Multas económicas severas: Dependiendo de la infracción, las multas pueden ser proporcionales al valor de las mercancías involucradas. En casos de contrabando, por ejemplo, las sanciones económicas son extremadamente altas, y se pueden aplicar decomisos de las mercaderías involucradas.
Condenas privativas de libertad: Para las infracciones más graves, como el contrabando o la defraudación aduanera, el Código establece penas de prisión, que pueden alcanzar hasta 8 años, según el artículo 865 y ss. del Código. Para casos aún mas grave, las penas van de tres (3) a doce (12) años en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864 cuando se tratare de estupefacientes en cualquier etapa de su elaboración o precursores químicos (art. 866).
Sanciones administrativas: Para las empresas importadoras y exportadoras, el Código también contempla la posibilidad de inhabilitación para operar por varios años. Esto afecta directamente a oficinas aduaneras y agentes que dependen de su capacidad para comerciar internacionalmente, impidiéndoles desarrollar su actividad durante el tiempo de la sanción.
Servicios Específicos Ofrecidos
Nuestro equipo legal ofrece un conjunto de servicios especializados que buscan mitigar las sanciones económicas, penales y administrativas establecidas en la Ley 22.415:
Asesoramiento legal personalizado: Revisamos el caso y evaluamos las posibles sanciones, incluyendo las multas económicas, el decomiso de mercaderías, y las posibles inhabilitaciones administrativas que podrían afectar a las empresas importadoras/exportadoras.
Representación ante la autoridad aduanera y tribunales: Defendemos a nuestros clientes ante la Dirección General de Aduanas y los tribunales penales, buscando reducir al máximo las sanciones privativas de libertad y económicas. Además, trabajamos para evitar o limitar las inhabilitaciones comerciales que podrían poner en riesgo la continuidad operativa de la empresa.
Negociación y mediación: A través de negociaciones con las autoridades aduaneras, buscamos resolver el conflicto de manera que se eviten las penas de prisión y se minimicen las sanciones económicas y administrativas.
Recursos y apelaciones: Presentamos recursos cuando el cliente ha sido injustamente sancionado, buscando revertir multas excesivas, inhabilitaciones o condenas privativas de la libertad mediante apelaciones ante las autoridades competentes.
Proceso de Defensa Jurídica
Nuestro enfoque se adapta a las particularidades del Código Aduanero (Ley 22.415), donde las sanciones no solo son penales, sino que incluyen consecuencias económicas y administrativas que pueden comprometer la viabilidad de una empresa:
Evaluación inicial del caso: Analizamos tanto la sanción económica como las posibles consecuencias penales y administrativas (como la inhabilitación de las oficinas aduaneras) que podrían afectar a nuestro cliente.
Estrategia de defensa: Basados en la Ley 22.415 y sus leyes modificatorias, diseñamos una estrategia para combatir las sanciones más graves, enfocándonos en evitar la prisión, reducir multas y evitar el decomiso o la inhabilitación de la empresa para continuar con sus operaciones comerciales.
Audiencias y comparecencias: Durante el proceso penal, representamos activamente a nuestros clientes, buscando reducir tanto las penas de prisión como las sanciones económicas. Además, trabajamos para limitar el impacto de las sanciones administrativas que podrían bloquear a la empresa de operar.
Resolución del caso: Buscamos resoluciones que minimicen las sanciones establecidas en el Código Aduanero, ya sea mediante absoluciones, reducción de penas o acuerdos con las autoridades que eviten las inhabilitaciones comerciales prolongadas.
Beneficios de Contratar un Servicio Especializado
Las infracciones y delitos aduaneros contempladas en la Ley 22.415 pueden tener consecuencias devastadoras para las empresas. Entre los beneficios de contar con un equipo especializado en este ámbito se destacan:
Minimización de sanciones económicas y penales: Al conocer en detalle las sanciones del Código Aduanero, trabajamos para reducir las multas, evitar el decomiso de mercancías y sanciones penales privativas de la libertad de los imputados.
Protección contra sanciones administrativas: Defendemos a las empresas para evitar que sean inhabilitadas para operar, una sanción que puede prolongarse por varios años y que podría afectar gravemente su continuidad comercial.
Conocimiento profundo del Código Aduanero: Nuestros abogados están altamente capacitados en los procedimientos y sanciones detalladas en la Ley 22.415, lo que nos permite crear estrategias eficaces para reducir tanto los costos económicos como las penas penales.
Conclusión
Los delitos e infracciones bajo la Ley 22.415 pueden tener graves consecuencias para empresas y particulares. Si te enfrentas a una acusación penal derivada de una infracción aduanera, es crucial actuar rápidamente para proteger tus derechos y mitigar las posibles sanciones.
Contáctanos para una consulta legal sin compromiso, y permítenos ayudarte a navegar este complejo proceso.
