La extradición constituye uno de los mecanismos más relevantes de cooperación penal internacional entre Estados. Su finalidad es clara: evitar la impunidad y garantizar que las personas sometidas a investigación o proceso penal puedan ser juzgadas por las autoridades competentes.
Sin embargo, la creciente complejidad de los procesos de cooperación internacional también exige recordar un principio esencial: la eficacia en la persecución penal no puede desarrollarse al margen de las garantías constitucionales.
En los sistemas democráticos modernos, el procedimiento de extradición no representa un simple trámite administrativo entre Estados. Se trata de un verdadero proceso judicial donde confluyen intereses de alta sensibilidad jurídica, institucional y humana.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina ha sostenido reiteradamente que los procedimientos de extradición deben armonizar tres intereses fundamentales:
- el interés del Estado requirente en el juzgamiento de los delitos,
- el interés del individuo sometido al procedimiento,
- y el interés común de los Estados en el respeto estricto de las reglas del derecho internacional y constitucional.
En este contexto, la garantía de defensa en juicio adquiere una relevancia central.
